El dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro, solicitó hoy los nombres de las Juntas Comunales y Municipios que han sido beneficiados con el llamado programa gubernamental de Desarrollo Social, así como el monto asignado y la suma entregada a la fecha a cada una de dichas entidades.
En sus recorridos por el país Navarro ha recibido innumerables denuncias por parte de representantes de corregimiento del opositor PRD, de que se les están entregando $30,000 en fondos públicos solamente a aquellas juntas comunales presididas por representantes de los partidos oficialistas. Según los denunciantes, a las juntas comunales y municipios presididos por el PRD se les ha negado el acceso a estos fondos.
Fundamentados en la Ley 6 de 22 de enero de 2002, que regula la transparencia en la Gestión Pública, Navarro solicitó la información a través de misivas enviadas al ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino y a la Contralora General de la República, Gioconda de Bianchini.
En la referida nota se hace referencia a que el procedimiento para la ejecución del programa de Desarrollo Social a través de los Municipios y las Juntas Comunales, fue supuestamente aprobado en abril pasado, pero a la fecha se desconoce el manejo del mismo. La petición obedece a la necesidad de mucha mayor transparencia por parte del gobierno en el manejo de los fondos públicos, exigido públicamente por la sociedad civil y por representantes de corregimiento y alcaldes del PRD en todo el país.
“En el caso de los Municipios, el programa establece un monto máximo de Doscientos Mil Balboas (B/.200.000.00) y para las Juntas Comunales de Cien Mil Balboas (B/.100.000.00); de igual forma se les señalan cuáles son los gastos aplicables y los procedimientos que deben cumplirse, tanto para unos como para los otros, al momento de recibir y ejecutar dichos fondos”, sustentó Navarro.
Navarro detalló que “nos encontramos frente a una asignación y disposición de fondos públicos por parte del gobierno central a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con la respectiva fiscalización de la Contraloría General de la República, por ende este programa se encuadra dentro de lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002, la cual obliga a las instituciones del Estado a suministrar información sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan, a quienes así lo soliciten”.
“Respetuosos de la gestión pública y ejerciendo nuestro derecho de conocer el manejo que se le está dando a la misma, le manifestamos que requerimos dicha información lo antes posible”, concluyó el dirigente opositor.
Panamá, 26 de mayo de 2010.
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